El ámbito agropecuario es atravesado por casi todas las especialidades jurídicas, en este sentido podemos advertir la importancia que tiene un adecuado asesoramiento jurídico en los agronegocios.

Es difícil verificar la ausencia de una rama del derecho en los negocios agropecuarios. Temas ambientales, laborales, de propiedad intelectual, derecho societario y de la Pyme atraviesan producciones tan diversas como la cría de ganado vacuno, la producción de soja o tabaco, la actividad tambera, la cría de llamas, la producción de biocombustibles o la forestación entre otro temas diversos.
Las distintas zonas del territorio nacional, diversas por cierto, permiten un gran abanico de actividades para el principal motor de la economía nacional. De esta forma los agronegocios se convierten en estandarte productivo y requieren cada vez más el acompañamiento de un equipo jurídico especializado.
La empresa agropecuaria no debe verse solo como una gran estructura organizacional, encontramos que el productor agropecuario que cuenta con una extensión de tierra (sin importar si es o no propietario de ella, por ejemplo) que trabaja junto a su familia es poseedor de una empresa agropecuaria que requiere del acompañamiento de un staff jurídico para disminuir y prevenir los riegos que la actividad implica.
Más allá de los factores climáticos o, para ser más amplios, ambientales en general, existen otros factores de riesgo en los agronegocios principalmente jurídicos.
La actividad ha sufrido un cambio importante ya que la estructura clásica sobre la que se construía la empresa agropecuaria ha mutado y se observa que hoy el fundamento está en una persona que sabe de campo, que posee el networking –contactos- y conoce el “terreno” asociado a alguien que tiene los medios para invertir pero que poco, por no decir nada, conocen del sector agropecuario. De ello deviene, entonces, la importancia de la estructura jurídica que adopten los actores para un correcto desempeño de la empresa.
En el sector rural la legislación laboral es específica relegando a la Ley de Contrato de Trabajo a un segundo plano, de subsidiaridad. Esto implica la necesidad de un conocimiento acabado del estatuto del peón rural y su relación con los distintos convenios específicos.
Se verifica un aumento de la conflictividad laboral en sector rural, la relación con los sindicatos del sector se torna compleja puesto que hay trabajadores que cuadran dentro de una infinidad de convenios colectivos que acrecientan los problemas de encuadre sindical.
Si bien, la incidencia, que los problemas laborales tienen sobre los agronegocios, no es la que mayor impacto tiene sobre el sector, estos problemas no pueden ser dejados de lado.
La cuestión ambiental, relacionada a los fitosanitarios, implica un esfuerzo mayor por la inseguridad jurídica dada por la conflictividad normativa. La regulación de aplicación de productos fitosanitarios por los municipios, las provincias y la nación no está unificada y dependerá de cada espacio lo que implica, por ejemplo, que en un municipio las distancias de amortiguamiento aumenten o disminuyan respecto al municipio vecino. Imaginemos el problema que se produce en un predio que se enclave en el límite de dos departamentos o municipios con normativa contradictoria.
Igual situación se produce con la regulación de feed lots y zonas de concentración de ganado y las plantas de acopio de cereales.
Todas estas situaciones requieren del acompañamiento legal. La toma de decisiones sin el asesoramiento jurídico aumenta el riesgo de sufrir sanciones como clausuras o multas.
La cuestión relacionada a propiedad intelectual sobre todo en el sector agrícola con la producción y utilización de semillas cosechadas por el productor que replican la tecnología adquirida, implican la aplicación de la ley de Semillas y Creaciones Fitogenéticas que ampara esta práctica (conocida como “excepción del agricultor”), habilitando a reservar semillas para uso propio pero con la prohibición de la comercialización de las mismas lo que es ilegal.

La cuestión de los contratos agrarios también requiere la aplicación de un régimen específico que produce, entre las partes, obligaciones específicas distintas de los contratos similares del ámbito civil por ejemplo.
Como se expresó los agronegocios han mutado y se han sofisticado requiriendo el acompañamiento de profesionales especializados en la materia. La revolución tecnológica que impacto positivamente en el desarrollo de la actividad debe acompañarse de servicios como los legales que permitan superar la complejidad de las relaciones que, en la actualidad, se tornan imprescindibles para llevar a delante los agronegocios.
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